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Por Alejandro Armenta
La semana pasada, con 87 votos a favor en el Senado de la República se aprobó la Minuta que reforma el artículo Quinto Transitorio del Decreto Constitucional, en materia de Guardia Nacional para que la Fuerza Armada permanezca hasta marzo de 2028 en las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución.
Es importante recordar que, para la construcción del marco jurídico de la Guardia Nacional, el Senado de la República trabajó acompañado tanto de la sociedad civil, organizaciones, académicos, así como de colectivos especialistas en la implementación de la Guardia Nacional.
En la normativa que se creó, para darle operatividad a la Guardia Nacional, dentro de ese marco jurídico, se prioriza el respeto los Derechos Humanos y se garantiza la certeza jurídica a la población sobre el uso de la fuerza, acorde a los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia.
Por ello, en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza se establecieron protocolos de actuación con perspectiva de género y otros dirigidos cuando están de por medio niñas, niños, adolescentes, además de la irrestricta garantía y protección a los derechos humanos que deben prevalecer durante las actuaciones policiacas.
La Fuerza Armada deben actuar siempre con los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez, lealtad, imparcialidad, proporcionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y responsabilidad en el tratamiento de datos personales y respeto a los derechos humanos.
Importante señalar que las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximirlas de sus responsabilidades.
En lo aprobado recientemente, se señala que se integrará una Comisión Bicameral, en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto para el análisis y dictamen de los informes semestrales.
A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
Por lo cual, se presentará en la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, con el objetivo de que se puedan disponer recursos de las cuentas aseguradas y congeladas, de las cuales se tienen detectados alrededor de 17 mil millones de pesos; la mitad de los recursos se destinará a las fuerzas armadas y la otra mitad a los estados y municipios.
Sin duda, el combate a la inseguridad no es un tema partidista, es un compromiso de todos; la prioridad es contar una nueva política de seguridad ciudadana, que garantice el respeto a los derechos humanos.
