Reforma Político-Electoral y su cabida

Por Sabino Barrera

A lo largo de lo que se podría esbozar como nuestro actual andar democrático, México ha experimentado una serie de reformas Constitucionales, más menos 8 reformas en materia Político – Electoral, la de 1977, 1986, 1989–90, 1993, 1994, 1996, la de 2007–2008 y la de 2014.

Dato importante es que ahora, nuestro país se encamina por vez primera a discutir una iniciativa electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no por los partidos políticos de oposición, como históricamente había ocurrido.

Ahora bien, permítanme resumir lo que, a mi parecer, tiene mayor relevancia sobre
el contenido que el Ejecutivo Federal puso a consideración del Congreso de la Unión para su aprobación.
Primeramente, el dictamen propone: Modificar 18 artículos de la Constitución; suprime al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), adiciona funciones al INEC en materia de consultas populares y revocación de mandato (una revocación será válida si participa el 33% de la lista nominal), los recursos para gastos de campaña serán con financiamiento público y aportaciones personales, se reduce el número de consejeros del INEC a 7, y serán votados de manera directa por la ciudadanía (20 a propuesta del Presidente de la República, 10 por la Cámara de Diputados, 10 por la de Senadores y 20 por el Poder Judicial de la Federación), deroga la facultad de fiscalización del INE de los ingresos y egresos de los partidos políticos, deroga el apartado c del artículo 41 Constitucional, es decir, desaparecen los Organismos Públicos Locales Electorales de las Entidades Federativas (OPLES), reduce el número de diputadas y diputados federales a 300, todos elegidos mediante listas votadas en cada una de las Entidades Federativas, y reduce el número de senadores a 96 (3 por entidad y serán elegidos por el sistema de listas), entre otras.

Como se puede advertir, no solo es un tema que trastoca al INE, el cambio pretendido es mucho más profundo, resulta fundamental en el sistema político mexicano y, a la postre, podría desencadenar en consecuencias inadvertidas. Al respecto, mi primera aproximación tiene que ver con tres razones fundamentales: En primer término, la presentación de la iniciativa en la antesala de procesos
electorales sumamente complejos como el relevo en la gubernatura del Estado de México y la elección del 2024 para la Presidencia de la República. Segundo, que no se les dé una dimensión más actual y acorde al contexto político que viven los partidos políticos.

Finalmente, y como ya se dijo, que dicha propuesta de reforma sea impulsada por el Ejecutivo Federal y no por los partidos de oposición, algo nunca antes visto. Ahora bien, habrá posturas a favor y otras en contra de la multicitada reforma, nadie en su sano juicio podrá refutar el argumento, que desde el poder señala varias ineficiencias del sistema electoral, específicamente del Instituto que tiene a bien
llevar las riendas de los procesos electorales, sin embargo, me resulta poco prudente el contexto en el que se debe discutir dicho planteamiento, querer cambiar las reglas del juego de manera tan profunda a pocos meses de comicios importantísimos despierta perspicacias innecesarias.

Tal pareciera que vislumbran un escenario complejo y les resulta apremiante acomodar de una mejor manera el tablero electoral. Dijeran en mi pueblo, “es igual pero no es lo mismo”. Por supuesto que hace falta tocar al INE, puede ser perfectible, en el discurso pro reforma, no veo mal disminuir el número de consejeros, que ganen menos, que organicen consultas populares y que realmente se ponga a disposición un ejercicio de revocación de mandato, pero, ¿Someter a votación popular a los árbitros que validan una elección?, más aún, cuando una tercera parte serían propuestos por el Presidente de la República, otra por el Congreso de la Unión y otra por el Poder Judicial de la Federación, vaya locura.

¿Que no dichas propuestas estarían cargadas de filias y fobias? O que, ¿El Ejecutivo Federal no propondrá a sus cercanos?, ¿Los partidos políticos no cabildearán con sus legisladores para negociar dichas posiciones?, ¿El Poder Judicial no cambiará sus postulaciones por nombramientos en la Corte?, pongámonos serios, ni todo el sistema está podrido y tampoco el pueblo bueno está preparado para semejante responsabilidad. Hay Instituciones diseñadas precisamente para ser contrapeso a los 3 poderes en cuestión, y en su mayoría, dichas instituciones deben estar plagadas de personas con reconocida expertos en la materia, probada profesionalidad y, al momento de
desempeñar el cargo, total autonomía.

Dejemos a las y los ciudadanos el encargo de elegir a los representantes populares como mejor les plazca, con la pluralidad que hoy más que nunca, se encuentran representadas las cámaras y las alcaldías, empero, comprometámonos y fortalezcamos las Instituciones que son pilares de la democracia no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Por otra parte, resulta injustificado que una de las banderas con que se trata de modificar las facultades del INE sea la austeridad, que por cierto es justificable siempre y cuando se valore las cargas que conlleva básicamente ser el encargado de organizar todas las elecciones en este país, y además proporcionar a cada mexicano mayor de edad el instrumento de identificación personal por excelencia, y, se deje de lado el gasto tan profundo que representa dentro de dicho presupuesto las prerrogativas a los partidos políticos.

Una reforma electoral de gran calado, no puede abstenerse de calibrar de mejor forma al ente que por su naturaleza sostiene al sistema político, si bien los partidos deben contar con financiamiento público, es inexplicable las cantidades que año con año se derrochan en pro de la obtención de votos. Urge legislar respecto al financiamiento de éstos y su actual modelo de conformación, así como implementar reglas dinámicas que permitan la creación de partidos políticos con corrientes ideológicas apegadas a las necesidades de la ciudadanía. Hagamos un esfuerzo como ciudadanos y exijamos eficientar los recursos destinados para tal efecto.

“Ojalá no nos arrepintamos de estar dejando tan desprotegida a una democracia naciente” José Woldenberg.