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Por: Sen. Eduardo Ramírez
«Nada sobre nosotros, sin nosotros» con esta expresión se comunica que ninguna decisión que influya sobre las personas con discapacidad, debe hacerse sin su participación.
El pasado 27 de julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó al Congreso de la Unión, a implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos político – electorales de las personas con discapacidad.
El órgano jurisdiccional declaró existente la omisión del Congreso al determinar que tiene la obligación, conforme a los tratados internacionales, de garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad para que accedan a cargos de elección popular y públicos, en igualdad de condiciones con los demás, así como de crear un ambiente para que ese grupo participe plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos.
Como sabemos, en México existen alrededor de 8 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa más del 6 % de la población total del país. Y de esta cifra, el INEGI ha informado que el 46 % son hombres y el 54 % son mujeres.
Para las elecciones de 2018, el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos en materia de acciones afirmativas para garantizar la participación en candidaturas de distintos grupos sociales. Se disputaron 18 mil 299 cargos de elección popular y los partidos políticos registraron a 61 personas con discapacidad y de éstas, solamente 19 pudieron acceder a esos cargos.
Para el proceso electoral del 2021, se obligó a los partidos políticos y coaliciones a postular fórmulas de candidaturas integradas por personas con cualquier tipo de discapacidad, en 6 de los 300 distritos que conforman el país.
Por otra parte, en las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos nacionales debieron postular 2 fórmulas integradas por miembros de este grupo vulnerable, debiendo ubicarse en los primeros 10 lugares de la lista respectiva.
Sin duda son acciones afirmativas trascendentes y relevantes, pero no han sido suficientes pues la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, establece la obligación de los Estados Parte, como México, de garantizar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones, directamente o bien a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a ejercer su voto, así como de ser elegidas.
Por ello, presentaré una iniciativa a diversas leyes que garanticen los derechos políticos – electorales de las personas con discapacidad y así lograr una inclusión efectiva en la sociedad.
